A vueltas con el sistema público de pensiones.

Artículo publicado en elplural.com por nuestro compañero Hernán Hijosa el jueves 15 de marzo de 2018.

    En los últimos tiempo parece ser que alguien ha dado el pistoletazo de salida y todo el mundo se ha vuelto loco, se ha puesto a correr y aparecen análisis, propuestas y soluciones milagrosas desde cualquier punto y cada minuto, todas ellas cada cual más ocurrente y salvadora de un sistema que hoy por hoy, digan lo que digan, si no se le da la vuelta como un calcetín, no tiene solución ni viabilidad económico-financiera alguna. También puede ser que el hecho de que los jubilados, hartos de indignación y con más de mil motivos, se hayan movilizado ha forzado a que nuestros dirigentes, políticos, sindicatos, voceros y sesudos tertulianos se hayan alebrestado y hayan medido la que se les puede venir encima. Por ello, y sin más ni menos conocimiento ni derecho, me atrevo a señalar algunas indicaciones, observaciones y propuestas por si alguien las quiere considerar.

    Lo primero en este momento, y ante el clima de movilizaciones y debate que se está dando, es no confundir pensión con sistema público de pensiones, ya que puede suceder que el árbol nos impida ver el bosque. Primero debe ser dar viabilidad al sistema en su conjunto y luego sería el momento de tratar cada pensión, ayuda, prestación, subsidio, renta, etc. individualmente. No se puede dar el mismo tratamiento a una pensión mínima que a la máxima, ni basarlo todo en las cotizaciones, el tiempo cotizado y las aportaciones individuales; es necesario considerar otras circunstancias. El principal enemigo de la movilización conjunta hoy sería fomentar la desigualdad, hacer valer el “yo he cotizado”; esta es la expresión más insolidaria que se puede escuchar. Tampoco debemos permitir que trascienda como único objetivo mantener el poder adquisitivo, cuando la mayoría de las pensiones nunca han tenido ningún poder adquisitivo y no han llegado ni a cubrir la subsistencia. Por esto, no estaría de más hacer el siguiente recorrido a título de recuerdo:

    La Constitución, en su artículo 50, dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Esto viene a ser lo que denominamos el sistema de pensiones y los servicios sociales, que se pueden considerar el tercer pilar del estado del bienestar después de la educación y la salud.

    La viabilidad del sistema de pensiones sólo se podrá certificar el día que los poderes públicos garanticen que dentro de treinta años nuestros hijos, al cumplir la edad legal de jubilación, dispondrán de una pensión pública mínima y suficiente que hoy no debería ser menor de 1000 € y, llegado el momento, esta cantidad debería ser revalorizada como indica la Constitución y, por descontado, no supeditada únicamente a la carrera de cotización.

    Para ello, a nadie le puede parecer descabellado pedir a los partidos políticos que aspiran a gobernar que encaminen sus programas en lo económico y social a recuperar la senda del estado del bienestar, basada en los tres pilares enunciados (educación, salud, pensiones y servicios sociales), que se pueda garantizar el mantenimiento de los mismos en base al soporte de los Presupuestos Generales del Estado, con porcentajes del PIB determinados y tasados para cada uno, permitiendo una redistribución justa, solidaria e igualitaria, teniendo en cuenta que para ello serían necesarias dos reformas clave:

    a) Una reforma en profundidad e integral del sistema fiscal español que aporte los recursos necesarios a los presupuestos.

    b) Una reforma laboral que revierta las anteriores y cree empleo estable, de calidad y con derechos.

    Por último, sería bueno que al pensionista, por el mero hecho de ser mayor, no se le considere de forma diferenciada del resto de ciudadanos, ni en negativo ni en positivo, sino en base a su situación personal, de recursos y patrimonio; pues esto nos lleva a agravios comparativos – innecesarios e injustos - con el resto de ciudadanos, que no aportan nada al concepto de solidaridad y más parecen medidas caritativas de la antigua beneficencia. Con crisis o sin crisis, los pensionistas no tienen por qué ser el soporte de la unidad familiar o de convivencia: para esa función están los poderes públicos.